Consumidores y usuarios

La Audiencia Provincial de Asturias (AP) ha resuelto un caso en el que un cliente, tras contratar los servicios de un abogado para lograr una incapacidad laboral, fue demandado por el letrado por el pago de honorarios que, según el cliente, ya estaban satisfechos tras un primer abono. El cliente entendía que ese primer pago cubría toda la gestión que finalmente le llevó a conseguir la prestación solicitada, mientras que el abogado consideraba que aún quedaba dinero por pagar de acuerdo con lo pactado en la hoja de encargo.

El asunto llegó a los tribunales porque el cliente alegó que nunca le explicaron claramente ni el precio final ni cómo se calcularía, y que en las entrevistas previas tampoco se le permitieron aclaraciones tranquilas sobre el coste del servicio. Aunque en primera instancia el juez dio la razón al abogado, la AP corrigió ese criterio y puso el foco en la protección del consumidor cuando el cliente es una persona sin conocimientos jurídicos.

El tribunal recalca que en estos contratos se debe informar de forma muy transparente sobre qué y cuánto se va a cobrar. No basta con pedir una cantidad inicial o entregar una hoja de encargo confusa; el cliente tiene derecho a saber el precio total o al menos las bases claras para calcularlo, sobre todo si hay variables. En este caso, como no se cumplió con ese deber de información, se anuló el pacto sobre los honorarios y se decidió que fuese un juez quien fijase el precio del servicio según criterios antiguos de los colegios de abogados. En definitiva, si el consumidor no recibe la información clara sobre lo que va a pagar, ese pacto puede terminar anulándose.

Nuestros profesionales están a su disposición para asesorarle en materia de consumo y ejercer si lo precisa la defensa de los derechos que le asisten como consumidor